En distintas localidades de Corrientes, los docentes autoconvocados sostienen marchas y movilizaciones contra el aumento del 6% otorgado por el Gobierno de Juan Pablo Valdés, al que consideran “insuficiente” frente a la inflación y el endeudamiento de las familias trabajadoras.
La provincia de Corrientes atraviesa uno de los conflictos docentes más fuertes de los últimos años, con movilizaciones que se repiten tanto en la capital como en el interior. El eje del reclamo es el aumento del 6% otorgado de manera unilateral por el Gobierno provincial, porcentaje que para los trabajadores de la educación no guarda ninguna relación con la suba de precios ni con el costo real de vida.
Durante la última semana de marzo y los primeros días de abril, miles de docentes se movilizaron en la ciudad de Corrientes y en municipios del interior, rechazando una pauta que deja al salario básico apenas por encima de los 200 mil pesos y muy por debajo de la línea de pobreza, estimada en alrededor de 1.300.000 pesos para una familia tipo. Los gremios SUTECO, ACDP y AMET, junto con numerosos sectores autoconvocados, sostienen que “ningún docente debería ser pobre en una provincia que se presenta como ordenada y con superávit”.
Las protestas se multiplicaron luego de que se conocieran descuentos de entre 400.000 y 800.000 pesos en los haberes de quienes adhirieron a medidas de fuerza, e incluso de docentes que no habían faltado, lo que fue interpretado como un intento de disciplinamiento y castigo a la organización colectiva. Este tipo de decisiones, lejos de desactivar el conflicto, amplificaron el malestar y motivaron nuevas marchas, concentraciones frente a organismos públicos y asambleas en escuelas.
En la capital, las columnas de docentes se hicieron visibles en la plaza 25 de Mayo y en la intersección de avenidas céntricas, mientras que en localidades como Bella Vista e Itatí, los autoconvocados impulsaron marchas, “luminarias” y cortes parciales para visibilizar la situación salarial y laboral del sector. Las consignas se repiten: recomposición que supere la inflación, fin de los descuentos masivos y apertura de una mesa de discusión real que incluya a todos los sectores docentes.
El Gobierno provincial, encabezado por Juan Pablo Valdés, insiste en presentar el 6% como parte de una política de “ordenamiento” financiero, pero evita responder de manera concreta a cómo se compatibiliza ese ajuste con una inflación que licúa mes a mes los ingresos estatales. Mientras tanto, el conflicto se mantiene abierto y crece el riesgo de un calendario escolar atravesado por paros, movilizaciones y un vínculo cada vez más tenso entre docentes y autoridades.
