SANTO TOMÉ CORRIENTES: Mientras el Municipio busca liberar espacio en los corralones, crece el debate sobre las posibilidades reales que tienen los trabajadores de recuperar sus motocicletas antes de perderlas definitivamente, a solamente un año de ser retenidas por la comuna.
IMAGEN ILUSTRATIVA.
El Concejo Deliberante de Santo Tomé aprobó por unanimidad una ordenanza que habilita a la Municipalidad a rematar motocicletas y vehículos retenidos durante más de un año en depósitos municipales y que no hayan sido reclamados por sus propietarios.
La normativa establece que los rodados serán destinados exclusivamente al desarme, recuperación de autopartes y reciclado de materiales, impidiendo que vuelvan a circular. La medida apunta a reducir la acumulación de unidades en los corralones, donde muchas permanecen abandonadas durante largos períodos.
Sin embargo, detrás de la decisión administrativa surge un interrogante que golpea de lleno la realidad social de la ciudad: ¿cuántas de esas motos permanecen secuestradas por abandono y cuántas porque sus dueños simplemente no tienen dinero para recuperarlas?
En Santo Tomé, como en gran parte del interior correntino, la motocicleta no suele ser un bien de lujo. Para miles de vecinos representan la única forma de movilidad y, en muchos casos, la principal herramienta para trabajar. Albañiles, empleados, repartidores, trabajadores rurales, vendedores ambulantes y personas que realizan changas dependen diariamente de esos vehículos para generar ingresos y sostener a sus familias.
La pregunta que inevitablemente aparece es si el Estado está haciendo todo lo posible para facilitar la recuperación de esos rodados antes de condenarlos al desarme.
Porque cuando una motocicleta es secuestrada, la cuenta comienza a crecer. Multas, acarreo, estadía, gastos administrativos, documentación pendiente y otros costos terminan convirtiéndose en una deuda que muchas familias no pueden afrontar. Con el paso de los meses, el monto suele transformarse en una barrera prácticamente imposible de superar para quienes ya atraviesan dificultades económicas.
Así, lo que comenzó como una infracción administrativa puede terminar con la pérdida definitiva de una herramienta de trabajo.
La ordenanza prevé intimaciones y procedimientos legales antes del remate, pero el debate de fondo no parece estar en discusión: ¿existen mecanismos accesibles para que un trabajador recupere su moto? ¿Hay planes de pago razonables? ¿Se evalúan situaciones sociales particulares? ¿O simplemente se espera que quienes no pueden pagar vean cómo su vehículo termina convertido en chatarra?
Resulta llamativo que la preocupación principal parezca centrada en liberar espacio en los depósitos municipales mientras poco se habla de las dificultades económicas que enfrentan los propietarios para retirar sus vehículos.
Nadie discute la necesidad de ordenar los corralones ni de resolver el problema de los vehículos abandonados. Lo que sí merece un debate profundo es si el Estado debe limitarse a custodio y rematar o si también tiene la responsabilidad de generar herramientas que permitan a los ciudadanos regularizar su situación antes de perder un bien que, para muchos, significa la diferencia entre trabajar o quedarse sin ingresos.
La nueva ordenanza ya es una realidad. Lo que resta saber es cuántas de las motos que terminarán en el desguace pertenecen a personas que las abandonaron voluntariamente y cuántas a trabajadores que jamás pudieron reunir el dinero necesario para recuperarlas.
Porque cuando una moto deja de ser un vehículo y se convierte en el sustento de una familia, el debate ya no es solamente administrativo. Es social. Y merece ser discutido con mucha más profundidad que la simple necesidad de vaciar un depósito municipal.
